El PER de los ricos.

Uno de los problemas existentes en España que recibe un trato más vejatorio es el problema agrario en Andalucía y Extremadura, regiones recurrentemente vilipendiadas por los más privilegiados – depositarios de enormes posesiones e intereses en esas zonas – y sus medios de comunicación. La lucha ideológica y propagandística – a la que han destinado millones de euros – llevada a cabo por estas élites en los últimos años se ha centrado en dar por cerrado varios problemas que siguen estando latentes: el reparto de la tierra y la existencia de clases sociales. En el tema reina un enorme cinismo e hipocresía que acusa a los campesinos – cuando no a toda la población – de estas regiones de vagos subsidiados movidos solo por recibir las dadivas del ‘Papa Estado’. En cambio, se oculta, maliciosamente, que el problema del subdesarrollo económico de estas regiones radica en la propiedad de la tierra y la enorme desigualdad social: el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra recibiendo, además, del 80% de las subvenciones agrícolas.

Aviesamente se olvida que estas regiones han sufrido durante siglos como ninguna otras la explotación y la servidumbre. Comarcas que – a pesar de su inherente holgazanería – han exportado cientos de miles de trabajadores a América, Europa, las regiones industrializadas de España y otros muchos núcleos urbanos de la geografía nacional. Si los ciudadanos de estas regiones fueran realmente como cuentan, se habrían quedado en sus hogares, viviendo de la sopa boba. Pero, como podemos ver con infinidad de ejemplos, no es el caso; en cuanto han tenido oportunidad han emigrado en busca de condiciones de vida dignas y un futuro que se les ha negado por esas mismas élites privilegiadas – que arremeten constantemente contra ellos – en sus lugares de origen. Una emigración – que ha supuesto el despoblamiento de estas comarcas – provocada por el hambre endémica y la pobreza que ha asolado desde siglos estas regiones. Ambas provocadas por un régimen feudal o caciquil de servidumbre gobernado por el analfabetismo, las coacciones, los pucherazos electorales y el terror.

El problema de estas regiones está anclado muchos siglos atrás. En la Reconquista – durante el régimen feudal – cuando se dieron enormes extensiones tierra – latifundios – a señores, caballeros y al clero como botín de guerra. Enormes extensiones de tierras con sus siervos incluidos en la dote. El problema siguió agravándose con la desamortización de Mendizábal, que concentró aún más la tierra y, se cronificó a comienzos del S.XX, cuando el 4% de los propietarios llegó a concentrar el 70% de la tierra. La lucha por la tierra y la agitación social suscitada en el campo en busca de la deseada Reforma Agraria fue uno de los detonantes del levantamiento militar de 1936 y el posterior genocidio que la oligarquía terrateniente y el ejército fascista perpetró en esas zonas rurales.Tras el lapso de la dictadura fascista, este problema llegó, prácticamente, inalterado a nuestra democracia, puesto que, aún un 2% de los propietarios poseía el 50% de la tierra. Sorprendentemente, en los años de democracia el problema ha permanecido inalterado, incluso, ha empeorado. En Andalucía, el 1,6% de las explotaciones agrarias aglutina el 58,1% de la tierra y, en Extremadura, el 3,6% reúne el 64,5% de la tierra. En cuanto a las acusaciones referentes a los subsidios es evidente, simplemente, analizando los datos que, verdaderamente, la gran beneficiaria – aunque estemos en el S.XXI – es la aristocracia terrateniente. En Andalucía, el 1,1% de los agraciados recibieron el 28,4% de las ayudas agrícolas europeas. En Extremadura, únicamente, 18 ganaderos obtuvieron lo mismo que otros 64.000 pequeños agricultores. A nivel estatal, no hay mayores variaciones puesto que 126 grandes terratenientes disfrutan de la misma cantidad que otros 480.000 beneficiarios de la PAC. Con una sorprendente continuidad histórica las antiguas familias terratenientes mantienen la propiedad de la tierra, hoy en día, disimulada con la creación de sociedades mercantiles. Sus privilegios se reflejan en la constante elusión y fraude fiscal de la que hacen gala y, la opacidad que sigue rodeando a las verdaderas dimensiones de sus propiedades. La impunidad con la que siempre se han movido les permite haber ocupado el 80% de las vías pecuarias – que son terrenos públicos – sin sanción alguna; mientras, se persigue y mete en la cárcel a los jornaleros por ocupar tierras abandonadas e improductivas.

Ante todos estos hechos que demuestran la asimetría y las injusticias a las que son sometidos los pequeños campesinos, nos rasgamos las vestiduras porque los jornaleros ganen 426 euros al mes no sin antes haber alcanzado los 35 jornales necesarios – la Casa de Alba recibe 3 millones de euros en subsidios agrícolas con independencia de su trabajo – para cobrarlo. No parece tan fácil cobrar el PER – siglas del Plan de Empleo Rural – cuando sólo un 40% de los jornaleros lo hace. A pesar de estas dificultades y los continuos ataques fundados en bulos y mentiras, en el pueblo de Coronil – como ha señalado – Diego Cañamero, de 5.000 habitantes solo 600 cobran el PER. En realidad, los campesinos y jornaleros no quieren vivir subsidiados – en cuanto pudieron huyeron a la construcción – sino que quieren las tierras para poder trabajarlas. No obstante, cuando en manos de muy pocas personas se encuentran fincas de decenas de miles de hectáreas – decenas de miles de campos de fútbol – abandonados e improductivos, hay cientos de miles de jornaleros y pequeños agricultores reclamando la posibilidad de acceder a la tierra y al trabajo consiguiente.

La propaganda ha conseguido que la oligarquía absentista, que ha utilizado esas regiones como lugares de ociosidad – con sus grandes cortijos y sus fincas destinadas a la caza – tenga ganada la fama de gente de bien, de ley y trabajadora. En cambio, los que para sobrevivir siempre han trabajado la tierra de sol a sol por un salario de miseria son unos perezosos y maleantes. Sin embargo, son esos terratenientes – y todos los gobiernos que siempre les han apoyado y protegido – que reciben millonarios subsidios, quienes condenan a estas regiones al subdesarrollodedicando el dinero a la especulación tanto con los alimentos como con la tierra renunciando a crear un verdadero tejido productivo. Un pequeño campesino nunca podrá salir adelante cuando el precio de una hectárea de tierra agrícola supera los 20.000 euros, llegando la de regadío a más de 30.000 euros; no pudiendo, además, acceder a las ayudas necesarias. Aunque, finalmente, lo más grave sea que los precios de venta no cubren los costes de producción. A todos los que critican la cultura del subsidio – curiosamente, son los mayores beneficiarios de esos subsidios – realmente les interesa tener unas regiones atrasadas que produzcan a precio de saldo las materias primas que alimenten sus industrias, no haciéndoles al mismo tiempo la competencia. Evidentemente, cuando se acusa al PER de fomentar la vagancia se oculta que este sistema consigue dar solución a uno de los problemas que más han preocupado desde siempre a los terratenientes: atar al campo mano de obra barata que trabaje sus explotaciones cuando ellos deseen. No importa si esa mano de obra precaria y explotada es autóctona o extranjera.

Desde hace mucho tiempo en esas regiones se ha luchado por una reforma de la propiedad de la tierra, una reforma que nunca ha llegado condenando a sus ciudadanos a la precariedad paliada solo por el trabajo estacional.Los terratenientes han recurrido a toda clase de artimañas legales o no, para impedirlo. Y si ha hecho falta han defendido la sagrada propiedad de la tierra – una tierra ociosa e improductiva en sus manos – con las mismas armas con las que la consiguieron, el asesinato. Cuando escuchamos hablar a Cayetano de Alba diciendo que desearía pasar de la justicia y arreglar cara a cara con los jornaleros los asuntos que se dirimen en los tribunales, nos damos cuenta que son los mismos terratenientes de siempre. Aquellos señoritos falangistas que al comienzo del golpe militar del 36 asesinaban a los jornaleros que reclamaban la Reforma Agraria y el derecho a acceder a la tierra y, mientras, les daban su ‘trozo de tierra’ se referían burlonamente a él, como la ‘Reforma Agraria’. Aún hoy, podemos asistir al espectáculo diario de ver como nuestras cunetas están llenas de aquellos asesinados. Artículo realizado por E.J. (LaVozDebida).